Desde 1970, las autoridades mexicanas reconocieron el problema de violencia de género que surgía en el Sistema de Transporte Colectivo (STC). En aquel entonces la primera medida para reducir posibles agresiones sexuales fue designar dos vagones exclusivos para mujeres en horarios específicos, en las Líneas 1 y 3. Sin embargo, fue hasta 2016, (¡sí, 47 años después de que se inaugurara la primera línea del Metro!) que se implementaron políticas públicas integrales bajo el nombre Estrategia 30-100. Desafortunadamente, no hay evidencias tangibles de que esta medida funcione en el día a día de las usuarias que se mueven en la urbe.

En el caso del Metro, que diariamente traslada aproximadamente 4.6 millones de personas, el acoso sexual y la violencia de género incrementaron de manera alarmante entre los años 2015 y 2020. Para que te des una idea, 9 de cada 10 mujeres han sufrido alguna forma de violencia, comúnmente acompañada de robos. Si 9 de cada 10 mujeres son acosadas en el Metro, existe la posibilidad de que en un solo día más de 2.5 millones de usuarias sean violentadas. Esto es alarmante porque resulta imposible cubrir las necesidades de cada usuario al tiempo que se satisface un servicio que mantiene viva la economía de un sexto de los capitalinos.

Entre 2018 y 2020 se rastrearon un promedio de 202 denuncias de mujeres y de hombres homosexuales cada 10 días por violencia y agresiones físicas. Durante 2019, con el fin de prevenir los casos de violencia de género en la red STC, la Fiscalía de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (FPGJ) inauguró una división especial enfocada en el Metro. A los 5 días de implementarse el mecanismo, se abrieron 11 carpetas de investigación por tentativa de privación de la libertad.

En voz de las usuarias

Para mantener el anonimato de dos de las denunciantes, este artículo se referirá a ellas como “Testigo T” y “Testigo B”; la Testigo T presentó su queja en 2019. Un hombre intentó secuestrarla en el andén de una estación de la Línea 2 haciéndose pasar por su novio mientras fingía una querella “amorosa” entre ambos.

La Testigo B aseguró que en julio de ese mismo año al subir las escaleras de Moctezuma, de la Línea 1, un sujeto la abordó por atrás y la cargó a la salida. Ahí había un auto con la cajuela abierta esperándoles. El perpetrador desistió al percatarse que se aproximaba una patrulla preventiva.

Los casos anteriores demuestran que urge implementar una estrategia de seguridad complementaria en las inmediaciones de este transporte.

Alrededor del 70 % de los casos de violencia y agresiones que se viven en el Metro de la CDMX se ejecutan contra las mujeres; aún así, las medidas son ineficientes y la necesidad de desplazarse no cambia. El transporte colectivo de la CDMX cuenta con una subvención federal; sin embargo, son los impuestos ciudadanos los que lo mantienen activo. Es nuestra obligación exigir entornos en los que cualquier transgresión sea reprendida. No debe subyugar la presencia de las mujeres en ningún espacio público. Como siempre, la invitación es a denunciar, pues tanto víctimas como testigos tienen el poder de hacer un cambio.